La semana pasada te presentamos el libro El Régimen Económico y Fiscal de nuestras vidas, en el que se explica de forma cerca y sencilla qué es esta norma y cómo afecta a los canarios. De jóvenes para jóvenes, este libro forma parte de un proyecto que buscar ampliar los conocimientos sobre las particularidad de la sociedad Canaria. Hoy, queremos profundizar un poco más en este documento y explicarlo un poco en profundidad.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias son una serie de medidas económicas destinadas a ofrecer una mejor cohesión económica, social y territorial del archipiélago. También se centra en ofrecer una mayor competitividad para sus sectores estratégicos, garantizando a las industrias nacionales en las islas poder participar de forma competitiva en la economía nacional.
Existen muchas causas por las que Canarias goza de un régimen económico y fiscal único. En primer lugar, hay que tener en cuenta la fragmentación del territorio y su dispersión territorial. En este sentido, hay siete islas, con grandes diferencias entre ellas, especialmente las dos más grandes. Tenerife y Gran Canarias están bien conectadas con la península, pero no así el resto, lo que provoca un efecto de “doble insularidad”.
Por otra parte, aunque la situación geográfica de Canarias es un privilegio histórico, que le otorga una vía de comunicación única entre Europa, América y África, cuenta con limitaciones en las comunicaciones internas, ya sea por carretera o por mar, tanto entre las islas como con los continentes.
Esta situación única provoca dificultades y gastos adicionales para los transportes y el comercio, que influyen en las importaciones del comercio local. Por otra parte, el comercio local es reducido y fragmentado, lo que perjudica a la economía local, dificultando la creación de una economía de escala.
El REF en la historia
Canarias fue conquistada a finales del siglo XV por los Reyes Católicos y ya desde ese momento obtuvo un tratamiento administrativo especial, en el que se diferenciaba por su condición insular y por su lejanía con la península y con el continente europeo en general.
Estas características únicas, sumadas a los escasos recursos naturales de la isla, obligaron a la creación de este régimen especial, basado en el libre comercio de importaciones y exportaciones, la no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.
Esta condición especial se mantuvo con el tiempo, tanto en la Ley de Presupuestos de 1845, cuando las islas empiezan a regirse por un régimen fiscal común, como en el Real Decreto de 1852 y la Ley de Puertos Francos de 1900. Estas últimas constituyen como puertos francos todos los de las islas, incorporando franquicias aduaneras, un elemento indispensable para el régimen especial de Canarias.
En 1912, con la creación de los Cabildos Insulares, se pone de manifiesto de nuevo la necesidad de una financiación diferente para las islas Canarias. Como resultado de esta nueva necesidad, aparecen los Arbitrios Insulares. Estos se derogarían en 1972 con la creación del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías, con el que se simplifican los complejos arbitrios de la ley anterior.
Finalmente, en 1985 se crea el Impuesto General Indirecto Canario, más conocido como IGIC, que supuso la derogación del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y del Arbitrio Insular sobre el Lujo.
Este régimen fiscal y aduanero especial se mantendría después de la firma de los tratados de adhesión a las Comunidades Europeas, firmado por España en 1985, a pesar de ir en contra del espíritu comunitario. Esto motivó que Canarias tenga unas normas especiales dentro de la UE, quedando fuera de las obligaciones aduaneras y de las políticas comerciales comunes, así como de las políticas agrícolas y pesqueras o de la aplicación del IVA.